miércoles, 15 de febrero de 2012

Matracas hechas de quirquincos en el Carnaval de Oruro

La Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro (ACFO) no contempla entre sus normas la protección de la fauna silvestre y su líder atribuye esta responsabilidad a las autoridades de Medio Ambiente.

“En nuestro reglamento no tenemos ningún tipo de prohibición (al uso de animales en peligro de extinción en los trajes)”, señaló el presidente de la ACFO, Jacinto Quispaya, ante las recurrentes quejas porque algunos bailarines siguen usando matracas fabricadas con caparazones de quirquinchos.

“A la ACFO -agregó- no le corresponde hacer ningún control porque la instancia facultada para esa labor es la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas”, dijo.

El funcionario sugirió que miembros de esa entidad controlen en el hábitat de los quirquinchos y sancionen a quienes los capturen, debido que su entidad sólo puede “recomendar” a los danzarines que “traten de innovar o reemplazar” sus matracas con otros materiales sintéticos. Ante la carencia de reglamento específico para la entrada de carnaval de este sábado, el dirigente aseveró que esperan coordinar medidas con el Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, pero aún no pueden concertar una reunión con funcionarios de ese despacho.

Por otro lado, y ante las mismas acusaciones, Quispaya aseguró que el hecho de que algunos danzarines utilicen matracas hechas de quirquinchos no los convierte en depredadores.

“Nosotros hemos hecho conocer a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente que los depredadores no son los bailarines, sino los cazadores y comerciantes”, afirmó.

Durante el último convite, efectuado el pasado domingo en Oruro, Página Siete observó que varios integrantes de dos morenadas continúan empleando matracas hechas con el caparazón del animal típico de Oruro.

Exigen cumplir la ley

Susana Carpio, de Animales S.O.S., señaló que durante varios años pidió -infructuosamente- que se haga cumplir la Ley 1.333 de Medio Ambiente que, en su artículo 111, establece que cualquier persona que comercialice algún animal en peligro de extinción, o sus derivados, se expone a una condena de hasta dos años de cárcel.

“Lastimosamente en la ACFO no toman en cuenta esta norma y muy pocas autoridades se esfuerzan por hacerla cumplir”, comentó la defensora de los animales y recordó que la CPE también contempla sanciones.

Ante la propuesta de las morenadas Central Oruro y Cocanis de realizar un inventario y codificación de todos los danzarines que tengan una matraca hecha de quirquincho -la mayoría de las cuales fueron fabricadas hace varios años-, Carpio sostuvo que eso no es legal porque la norma estable el decomiso y destrucción de estas piezas.

Mientras tanto, Ana Serrano, presidenta de la Fundación Amor por los Animales Bolivia (APLAB), dijo que la mayoría de los danzarines no aceptan cambiar sus tradiciones.

“Aseguran que si usan matracas sintéticas no tendrán el mismo sonido; algunos incluso dicen que los quirquinchos son una plaga para la agricultura, pero eso no es cierto porque estos animales se alimentan de bichos”.

En respuesta a Quispaya, que pide controlar a los cazadores y comerciantes, la activista manifestó que “si los bailarines no demandaran quirquinchos, éstos dejarían de capturarlos”.

Piden continuar procesos
Susana Carpio, fundadora de Animales S.O.S., sostuvo que hace dos días presentó una carta al Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, en la que pide un informe y exige dar continuidad a dos procesos presentados en 2008 y 2009 en contra de una morenada del Carnaval de Oruro cuyos integrantes usan matracas hechas de quirquinchos.

En 2008 también hubo denuncias contra una fraternidad de tobas por usar plumas de Suri, y otro caso contra una fraternidad de diablada por usar plumas de cóndor.

“Pedimos dar continuidad a estos procesos”, declaró Carpio, quien busca que se sienten precedentes legales.

En 2010, el Ministerio Público presentó la imputación formal contra Juan Callisaya Lazo, quien se identificó como miembro de la Morenada Central de Oruro, fundada por la Comunidad Cocani, y que fue acusado de fabricar una matraca con el caparazón del animal típico de Oruro.

Callisaya fue acusado por el delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado, porque el quirquincho es una especie protegida por encontrarse en peligro de extinción.

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